Más recursos para la educación pública superior
El Congreso aprobó la reforma a la Ley 30 que fortalece la financiación de la educación superior pública y garantiza un futuro sostenible para las universidades estatales.
El Congreso de la República aprobó el fortalecimiento financiero más importante de las últimas décadas para la educación superior pública en Colombia. Se trata de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que ya culminó su trámite legislativo y pasa a sanción presidencial. Esta decisión permitirá incrementar de manera estructural los recursos destinados a universidades, instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales, estableciendo reglas más justas de financiación y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.
El ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, destacó que este logro responde a una lucha histórica del movimiento estudiantil:
“Hace diez años miles de estudiantes salieron a las calles para exigir financiación para la universidad pública. Hoy podemos decir que esa lucha no fue en vano; es Ley de la República”. Desde el Ministerio de Educación se reiteró el compromiso con una reforma integral del sistema, que reconoce la educación como un derecho y como un pilar fundamental para la construcción de paz y desarrollo del país.
“Hace diez años miles de estudiantes salieron a las calles para exigir financiación para la universidad pública. Hoy podemos decir que esa lucha no fue en vano; es Ley de la República”. Desde el Ministerio de Educación se reiteró el compromiso con una reforma integral del sistema, que reconoce la educación como un derecho y como un pilar fundamental para la construcción de paz y desarrollo del país.
Con esta decisión, el Congreso aprobó un nuevo modelo de financiación que permitirá a las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, responder a una necesidad histórica. Durante años, la financiación de las universidades públicas creció muy por debajo de sus requerimientos reales: mientras la matrícula aumentaba de manera sostenida, los recursos no lo hacían al mismo ritmo, afectando la calidad académica, la cobertura y la sostenibilidad institucional.
La reforma establece un esquema de financiación más justo y acorde con la realidad del sistema, al reconocer las variaciones reales de los costos de funcionamiento de las instituciones públicas. De esta manera, se deja atrás un modelo limitado, ajustado únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), claramente insuficiente para atender las dinámicas del sector.
A partir de ahora, los aportes de la Nación se actualizarán con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE, lo que permitirá una asignación de recursos más equitativa, estable y sostenible para las universidades públicas del país.
