Educar es un acto político: Daniel Rojas Medellín

El ministro de Educación aprovechó una crítica al financiamiento del gobierno a la educación para reflexionar sobre el rol político de la educación. 

La educación es una poderosa herramienta, o bien para trascender el horizonte ético y político de la sociedad, o bien para mantener su estatus quo. Hablar de educación es hablar de poder. Por esta razón, no sorprende que las transformaciones impulsadas por el Gobierno del Cambio en los últimos tres años en materia de educación hayan producido escozor sobre ciertos sectores que durante décadas se han beneficiado de un sistema profundamente desigual y excluyente, siempre al servicio de los intereses de pocos. Sin embargo, a pesar de las críticas surgidas en el debate público los resultados son impulsados por un inquebrantable compromiso con el país y respaldados por una evidencia sólida y transparente.

El amor está en el presupuesto. Durante los tres primeros años de este Gobierno (2023–2025) el presupuesto en educación ha aumentado, en términos reales, en un 13,4 % frente al asignado por el gobierno pasado durante sus primeros tres años. En este sentido, alegar que un crecimiento equivalente de 25,7 billones dentro de los primeros tres años de gobierno (en promedio, 8,6 billones anuales) constituye una desfinanciación, no es una opinión: es una mentira. Mentir también es un acto político.

En el caso de la educación inicial, mientras en 2022 se destinaron solo 5,1  billones a nivel nacional, entre 2023 y 2025 la destinación ha sido, en promedio, 8,26 billones anuales, es decir, el fortalecimiento presupuestal se ha reflejado en un crecimiento del 144 %. Esto no es una mera apuesta técnica, se trata de un acto político y profundamente humano derivado del compromiso de este gobierno con la formación de niños y niñas de primera infancia, en aras de promover su desarrollo integral mediante experiencias pedagógicas significativas.

La misión no es solo educar en el saber, sino en el ser. Por esta razón, en el marco de la educación básica, una de las más ambiciosas apuestas consiste en el fortalecimiento de la educación integral en el proceso de formación de los niños, niñas y adolescentes por de lo menos 5.000 establecimientos educativos oficiales, mediante centros de interés y el programa de educación CRESE —Ciudadano, por la reconciliación, antirracista, socioemocional y para el cambio climático—. Faltando todavía un año de gobierno, ya se ha alcanzado el 84 % de esta meta. Adicionalmente, esta administración ha actualizado las pautas curriculares para la enseñanza de la Historia de manera que se garantice la construcción colectiva con enfoque diferencial, territorial, de género y antirracial, en armonía con los lineamientos de la JEP y la Comisión de la verdad para la construcción de paz en nuestro país.

En esa misma línea, hemos avanzado en el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), alcanzando un 80,3 % de nuestra meta de cobertura entre 2022 y 2024. Esto se ha logrado gracias a un incremento real del 18,2 % en los recursos de la Nación destinados al programa, equivalente a un billón de pesos adicionales. Aquí no hay margen para los tecnicismos fríos (o tibios): alimentar a un niño es permitirle aprender y permanecer. Collante, et al. (2022) estima que los estudiantes beneficiarios del PAE tienen una probabilidad 10 % menor de ausentarse o desertar y una reducción del 6 % en repitencia, lo que se traduce en mejor desempeño académico y mayor permanencia escolar.

Sin embargo, es en el campo de la educación superior donde más arduamente se ha llevado a cabo la disputa. Durante años, encarnado en el ICETEX, nos han vendido la falsa idea de que los créditos educativos son un instrumento de movilidad social. Es por esto que, en apego al respeto por la lógica del derecho a la educación visto como un acto, el Gobierno ha impulsado la creación de 135.666 nuevos cupos en el sistema público y gratuito de educación superior. Lo anterior, pone en perspectiva la reducción estimada de 50.000 estudiantes deudores a 10.000 en 2025.

Por otro lado, el modelo de subsidios a la demanda —presentado como una herramienta neutral— ha exacerbado y perpetuado la exclusión de los poblaciones más vulnerables del sistema de educación superior. Estos esquemas, en cambio de fortalecer la oferta pública, han terminado por privilegiar a estudiantes con mayor capacidad financiera, geográfica o jóvenes de menores recursos de territorios apartados o menores expectativas de educación. Como lo advertía la CEPAL (2020), “los subsidios a la demanda tienden a reforzar las desigualdades al beneficiar principalmente a los sectores de la población que ya tienen acceso a las mejores opciones educativas”.

Hoy, desde el Gobierno del Cambio, afirmamos con firmeza: garantizar el derecho a la educación no puede depender del mercado. La justicia educativa exige un sistema público accesible y con enfoque territorial.

Como muestra de ello, en el marco de la estrategia “Universidad en tu Territorio”, en marzo de este año se realizó la entrega del Campus San Miguel de la Universidad del Valle en el municipio de Suárez, destinado a ofrecer oportunidades de formación y construcción de paz a 4.000 jóvenes estudiantes de diferentes municipios del norte del Cauca, gracias a la inversión de alrededor de 52 mil millones de pesos por parte del Gobierno del Cambio.

El Programa de Tránsito Inmediato de la Educación Superior (PTIES), por su parte, materializa la necesidad de una aproximación real a los territorios para construir equidad. De esta manera, se ha promovido que universidades públicas tengan un acercamiento con estudiantes desde décimo y once en los colegios, a fin de que se pueda garantizar su acceso mediante procesos de formación universitaria. Se trata de, por un lado, sembrar capacidades por jóvenes que desde siempre han tenido escasas posibilidades y, por ende, expectativas de acceder a la educación superior y, por otro lado, potenciar sus capacidades.

Estas transformaciones van más allá de la política pública: se trata de un legado de mediano y largo plazo que se hace posible gracias a los esfuerzos aunados en pro del financiamiento de la educación pública. Es la afirmación inusitada de que la educación no debe reproducir privilegios, sino desmantelarlos. Las críticas seguirán hablando de “eficiencia”, “sostenibilidad” y “calidad”, vaciando esas palabras de sentido para seguir defendiendo un modelo que nunca ha respondido con suficiencia ante los menesteres de niños, niñas y jóvenes del país. Frente a ellas, respondemos con convicción: educar es un acto político, una herramienta colectiva de transformación. Y en Colombia, hoy más que nunca, es también un acto de reparación histórica.

Fuente: Universidad.edu.co

Referencias

• CEPAL. (2020). Panorama Social de América Latina.

• Collante, S., Rodríguez Orgales, C., & Sánchez Torres, F. (2022). El poder de un refrigerio: la alimentación escolar y sus efectos educativos en Colombia. Documentos CEDE No. 2022-19. Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE.

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