Financiamiento, el reto para la educación superior pública

Por: Alejandro García Suárez – Oficina Asesora de Comunicaciones

 

El acceso a la educación superior pública en Colombia enfrenta un desafío estructural, la creciente demanda y el insuficiente financiamiento. Ante esto, la propuesta de reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 busca garantizar el 1% del PIB para las universidades, lo que ha generado un intenso debate sobre la sostenibilidad y calidad del sistema educativo en Colombia.

 

Para entender mejor el impacto de esta reforma, la Agencia de Noticias UCundinamarca conversó con Jorge Leonardo Tapias Ordóñez, Especialista en Gerencia Educacional, Gestor del Conocimiento y el Aprendizaje y coordinador del programa de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas de la Universidad de Cundinamarca.

 

 

Jorge Leonardo Tapias Ordóñez (JLTO): En los últimos años, la demanda estudiantil ha crecido un 150%, mientras que la financiación apenas alcanza entre el 60% y el 70%. Esto ha generado un déficit que afecta directamente la calidad de la educación. Con mayores recursos, se fortalecerían las misiones sustantivas de la educación superior, docencia, investigación y proyección social.

 

Un mejor presupuesto permitiría contratar docentes más calificados, apoyar su formación y mejorar sus condiciones laborales. Además, impulsaría la investigación, garantizando su aplicación en comunidades y territorios, como ocurre con la Investigación Social Universitaria (ISU) de la Universidad de Cundinamarca. La educación no puede limitarse al aula; debe impactar la sociedad y responder a sus necesidades.

 

 

JLTO: La propuesta busca que la educación superior reciba al menos el 1% del PIB, garantizando un presupuesto progresivo y ajustado a la demanda. Esto evitaría los recortes que han afectado áreas importantes como bienestar universitario, internacionalización e investigación.

 

La reforma debe fortalecer la educación como un derecho fundamental y no solo como un servicio. Esto aseguraría que las universidades cumplan su misión de enseñar, investigar y proyectarse socialmente, sin depender de metas fiscales que limiten su crecimiento.

 

 

JLTO: Es primordial ampliar el acceso a la educación superior más allá de las grandes ciudades. Actualmente, solo 800 de los 1.200 municipios de Colombia cuentan con algún tipo de oferta universitaria. Un ejemplo es la Universidad de Cundinamarca, que tiene presencia en solo 7 de los 116 municipios del departamento.

 

El reto es descentralizar la educación y garantizar que jóvenes de zonas rurales también puedan acceder a formación de calidad, cerrando brechas sociales y territoriales.

 

 

JLTO: A nivel legislativo y jurídico, el primer desafío es lograr que la reforma avance en la Comisión Sexta del Congreso. Pero más allá de eso, el gran reto es cambiar la percepción sobre la educación superior, no es un gasto, sino una inversión en el futuro del país.

 

Con esta reforma, Colombia tiene la oportunidad de construir un modelo educativo más equitativo y sostenible. El reto ahora es consolidar un modelo de financiamiento sostenible que permita a las universidades cumplir su misión de formar profesionales, generar conocimiento y contribuir al progreso de Colombia.