Covid-19: La pandemia que desnudó el sistema

Rafael Torres Serrano

Economista

Investigador del Grupo GRIPEPZ – Universidad de Cundinamarca

Una de las consecuencias de la pandemia es dejar al descubierto las enormes desigualdades e iniquidades que existen en el sistema económico mundial. No es que se hayan visto cosas nuevas, pero ahora los males quedaron tan expuestos que es imposible negarlos o mirar para otro lado.

En primer lugar, la explosión de contagios en Europa demostró la diferencia existente entre las naciones y la poca solidaridad de las más poderosas hacia las más débiles.  Después de la crisis económica de 2008, el FMI apoyado por Alemania condicionó el rescate financiero de Portugal, Grecia y España a la adopción de medidas de austeridad que incluían la reducción del gasto público, reforma pensional y reforma laboral (bit.ly/39vAytO bit.ly/3dQQLxo). Italia luego asumió un plan de austeridad similar (bit.ly/39uC9jF).

Muchos justificaron la actitud de Alemania con el argumento de que era inviable hacer prestamos a países que manejaran de manera irresponsable su economía. En la actual situación, y sin tener de excusa los desequilibrios macroeconómicos, Alemania demuestra que lo que está detrás de la actitud hacia las otras naciones no son razones técnicas, sino el interés mezquino de las élites europeas. De esa manera, ante la solicitud de recursos por parte de España e Italia para enfrentar la pandemia (donde una estrategia son los eurobonos), Alemania y Holanda se han opuesto vehementemente, en una actitud que fue calificada de “repugnante” por el primer ministro Portugués (bit.ly/3aBMZWI).

Sin embargo, las desigualdades entre las naciones europeas no son tan abismales como al comparar con Latinoamérica y África. En todos los aspectos relacionados con la prevención y tratamiento del COVID-19 se ve la mayor vulnerabilidad de los países pobres. En lo concerniente a la prevención, mientras que en casi todas las naciones europeas más del 80% de la población tiene acceso a agua potable (bit.ly/2UwQ6tf), en el África subsahariana apenas el 15% tiene suministro de agua regular (bit.ly/3dMFn5J), lo cual hace imposible cumplir con la recomendación de lavarse las manos frecuentemente.

Para tratar los casos de contagio, países como Estados Unidos y Alemania cuentan con más de 30 camas para cuidados intensivos por cada mil habitantes, en tanto Perú tiene 1, Nigeria y Etiopía 0,3, para poner solo unos ejemplos (bit.ly/2xF8S8A). En el caso del personal humano, Suecia y Noruega tienen 5 médicos por cada mil habitantes, en contraste, Zambia tiene 0,1 y Colombia 1,8 (bit.ly/2R0ZPWG); las enfermeras por cada mil habitantes no llegan 7 en Latinoamérica -Colombia cuenta con 1,1-, pero en Europa no bajan de 12 (bit.ly/2wNjm5O). Las brechas entre los países son tan grandes que ya hay preocupación de que la eventual vacuna contra el COVID-19 sea acaparada por los países ricos (bbc.in/39vQOvd).

En segundo lugar, la pandemia desnudó las iniquidades existentes al interior de las naciones. En España, uno de los países con mayor número de contagiados y muertos, se hizo latente que crisis afectaba más a unas capas de la población. España es el tercer país con mayor desigualdad de toda la Unión Europea, donde la población más pobre debe “lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes después de 2008 y nunca se restauraron", como dijo Philip Alston, relator especial de la ONU sobre pobreza extrema (bit.ly/39wRoc3). Uno de los servicios que más sufrió recortes y encarecimiento para la población sin recursos fue el de la salud.

Pero donde más palpables se hicieron las diferencias fue en Estados Unidos. Allí hay una clara diferencia entre el sistema público y el privado, de manera que quienes más pagan, tienen mayor probabilidad de salvarse. Sin contar que hay 38.000.000 de personas que no tienen seguro médico y 41.000.000 que “no pueden acceder a una atención médica adecuada debido a los deducibles, copagos, gastos fuera de cobertura y los costos de utilizar proveedores y servicios médicos fuera de su red básica”, en palabras de la investigadora Amy Goodman (bit.ly/39uS1Th). La población más vulnerable económicamente en Estados Unidos tiene un sistema de salud tan adverso, que el 66% de las declaraciones de bancarrota son por costos médicos, lo que significa que al año 530.000 familias pierden todo por recibir tratamiento (bit.ly/2WSyJVn). 

 En el caso de Colombia, la privatización de la salud, iniciada con la Ley 100 de 1993, nos llevó a un estado en el que quienes más pagan, mejores servicios tienen. Así, se crea una brecha entre los Planes Obligatorios de Salud y la medicina prepagada, esta última con mayores beneficios pero restringida a unos pocos con ingresos suficientes. En Colombia también persiste la iniquidad entre el sector urbano y el rural, a pesar de los avances que ha habido por reducirla. Así, mientras en el área urbana hay 102 profesionales de la salud por cada 10.000 habitantes, en el área rural hay 41 profesionales de la salud por cada 10.000 (bit.ly/39w1j1s).

Es de resaltar que las medidas que se han tomado para combatir la pandemia también evidencian la desigualdad. El aislamiento obligatorio que comenzó a regir el 25 de marzo representa un problema para más del 46% de los colombianos ocupados, que trabajan en la informalidad (bit.ly/2xzCC6X). Si a eso se le suma el 10% desempleado, se ve que para más de la mitad de los colombianos económicamente activos la cuarentena representa la imposibilidad de tener ingresos, con el drama humano que eso significa.

No se puede dejar de mencionar que la iniquidad no es solo entre personas, también entre empresas. En Colombia hay una tradición de tratar igual y exigirle lo mismo a las pequeñas y a las grandes empresas. Metafóricamente hablando, es poner a competir a un atleta de alto rendimiento con un aficionado. En esta coyuntura del COVID-19 son las PYMES las más afectadas. Se calcula que el 20% de la PYMES en el centro del país tendrán que cerrar las operaciones y despedir a los empleados (bit.ly/3bEPnMl).

En tercer lugar, existen desigualdades de género que también salieron a flote en esta situación. El primer gran dato es la participación femenina en los trabajos del área de salud. En Estados Unidos, por ejemplo, el 76% de los profesionales en salud son mujeres y el 85% de los enfermeros (cnb.cx/2xFm6Cg). A nivel mundial, las mujeres representan más del 70% de los trabajadores de la salud. Lo que significa que el mayor peso de la atención a los contagiados con COVID-19 recae sobre las mujeres.

De igual manera, los trabajos de cuidado y de limpieza muestran un alto porcentaje de trabajadoras, con participación por encima del 95%. A lo que se le suma que en tiempo de cuarentena muchas mujeres van a asumir el cuidado permanente de los miembros del hogar.  Además, epidemias anteriores muestran la posibilidad de interrupción de trayectorias educativas en las jóvenes y restricciones a los servicios de salud sexual (bit.ly/2JtVasa).

Por último, aunque pareciera no tener relación directa, y como un asunto particular, la pandemia volvió a evidenciar las desigualdades entre las universidades del país. La orientación dada por el MEN de migrar temporalmente a la educación virtual puso sobre la mesa las disparidades entre las instituciones de educación superior. La enorme diferencia en las transferencias de la Nación por estudiante -donde unas universidades reciben más de 10.000.000 y otras, como el caso de la U Cundinamarca, no llegan a 2.000.000- se refleja en las carencias de infraestructura tecnológica de las universidades con menos recursos.

De igual forma, las universidades regionales deben lidiar con las limitaciones materiales de sus estudiantes, con harta participación rural y de los estratos 1 y 2 (para el caso de la U Cundinamarca, más del 80% de sus estudiantes pertenecen a esos estratos). Según el DANE, en las cabeceras el 50% de las familias tienen computador o tablet; cifra que se reduce al 9,4% en los centros poblados y rural disperso, donde solo el 4,3% de los hogares tiene Internet fijo (bit.ly/3azzMxh).

Nuevamente se presenta una situación en la que el Gobierno exige lo mismo, pero no garantiza las mismas condiciones para todos. La estrategia para enfrentar la crisis debe partir de focalizar la ayuda en los sectores más vulnerables y con más necesidades. Eso significa apoyar, entre otros, a la población pobre, las PYMES y las Instituciones de educación regionales y de menores recursos.