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Rector expuso situación financiera de la UCundinamarca

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En la instalación de la Comisión Accidental por la Educación Superior, el rector Adriano Muñoz hizo un llamado para fortalecer la educación pública del país.

Durante la instalación de la Comisión Accidental por la Educación Superior realizada en el Salón Luis Carlos Galán del el Congreso de la República, el rector de la Universidad de Cundinamarca, Adriano Muñoz Barrera expuso la situación financiera de la Institución e hizo un llamado para fortalecer la educación pública, en especial la de la Institución que él representa.

Muñoz Barrera socializó en el recinto temas como la deuda histórica de las transferencias de los años 93 y 94 que adeuda la Nación a la UCundinamarca que asciende a unos $677 mil millones, así como la equidad en las transferencias, ya que esta Institución de Educación Superior departamental recibe cuatro veces menos que el promedio de lo que reciben las 32 universidades públicas.

El documento fue presentando por el rector Muñoz ante representantes de los estudiantes, de instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas, docentes, rectores de las 32 universidades públicas del país, Representantes a la Cámara, el Viceministro de Educación, Luis Fernando Ruiz, y el director de Colciencias, Diego Hernández.

“Hoy el país nos permite a través de la legislación y de esta Comisión Accidental por la Educación Superior corregir el error histórico de desfinanciamiento que inicia con la Ley 30 artículos 86 y 87 al omitir el IPC. Esto ha generado brechas entre las universidades y ha desfinanciado toda la cobertura que hoy se tiene, por eso hablamos de un déficit cerca a los $4.3 billones para funcionamiento y de $18 billones para inversión”, explicó Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE).

Por otra parte, cabe destacar que la Universidad viene adelantado varios esfuerzos institucionales. En primer lugar, desde la Rectoría se han acompañado activamente los esfuerzos del SUE por solicitar nuevos recursos para la base presupuestal de las universidades.

Otro aspecto a tener en cuenta es el trabajo articulado que se viene haciendo con congresistas de diferentes partidos políticos con el fin de buscar mayores recursos para las universidades públicas, donde uno de los derroteros a superar es la inequidad que existe en las transferencias hacia algunas universidades regionales, entre las que se encuentra la Universidad de Cundinamarca.

El tercer término es que la Universidad de Cundinamarca adelanta una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para declarar la nulidad de la Ordenanza 207 de 2013. De manera paralela se está promoviendo una nueva Ordenanza para elevar las tarifas y las bases gravables, para lo cual se han hecho acercamientos a nivel institucional con diferentes diputados y el Gobernador de Cundinamarca.

Así mismo, se interpuso una demanda contra el Ministerio de Hacienda para que pague la deuda que tiene con la Universidad de Cundinamarca por no haber girado las transferencias de los años 1993 y 1994, a pesar de que el Estado le reconoció su carácter de universidad pública desde 1992.

Durante la instalación de la Comisión Accidental por la Educación Superior realizada en el Salón Luis Carlos Galán del el Congreso de la República, el rector de la Universidad de Cundinamarca, Adriano Muñoz Barrera expuso la situación financiera de la Institución e hizo un llamado para fortalecer la educación pública, en especial la de la Institución que él representa.

Muñoz Barrera socializó en el recinto temas como la deuda histórica de las transferencias de los años 93 y 94 que adeuda la Nación a la UCundinamarca que asciende a unos $677 mil millones, así como la equidad en las transferencias, ya que esta Institución de Educación Superior departamental recibe cuatro veces menos que el promedio de lo que reciben las 32 universidades públicas.

El documento fue presentando por el rector Muñoz ante representantes de los estudiantes, de instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas, docentes, rectores de las 32 universidades públicas del país, Representantes a la Cámara, el Viceministro de Educación, Luis Fernando Ruiz, y el director de Colciencias, Diego Hernández.

“Hoy el país nos permite a través de la legislación y de esta Comisión Accidental por la Educación Superior corregir el error histórico de desfinanciamiento que inicia con la Ley 30 artículos 86 y 87 al omitir el IPC. Esto ha generado brechas entre las universidades y ha desfinanciado toda la cobertura que hoy se tiene, por eso hablamos de un déficit cerca a los $4.3 billones para funcionamiento y de $18 billones para inversión”, explicó Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE).

Por otra parte, cabe destacar que la Universidad viene adelantado varios esfuerzos institucionales. En primer lugar, desde la Rectoría se han acompañado activamente los esfuerzos del SUE por solicitar nuevos recursos para la base presupuestal de las universidades.

Otro aspecto a tener en cuenta es el trabajo articulado que se viene haciendo con congresistas de diferentes partidos políticos con el fin de buscar mayores recursos para las universidades públicas, donde uno de los derroteros a superar es la inequidad que existe en las transferencias hacia algunas universidades regionales, entre las que se encuentra la Universidad de Cundinamarca.

El tercer término es que la Universidad de Cundinamarca adelanta una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para declarar la nulidad de la Ordenanza 207 de 2013. De manera paralela se está promoviendo una nueva Ordenanza para elevar las tarifas y las bases gravables, para lo cual se han hecho acercamientos a nivel institucional con diferentes diputados y el Gobernador de Cundinamarca.

Así mismo, se interpuso una demanda contra el Ministerio de Hacienda para que pague la deuda que tiene con la Universidad de Cundinamarca por no haber girado las transferencias de los años 1993 y 1994, a pesar de que el Estado le reconoció su carácter de universidad pública desde 1992.

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