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Los nuevos retos de la educación superior en Iberoamérica
Columna de Otto Granados, presidente Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos.
esde hace por lo menos treinta años, la matrícula de educación superior en el mundo ha venido creciendo de manera sistemática hasta unos 235 millones de personas y se estima que, en 2040, antes de descontar el efecto de la pandemia, podría llegar a 549 millones. Siguiendo esta tendencia, Iberoamérica aumentó a 32,3 millones de estudiantes, con una tasa bruta de matrícula de 52%, lo que quiere decir que como región se encuentra ya en la fase de universalización de la educación superior, y, a pesar del estancamiento económico, probablemente seguirá creciendo a buen ritmo.
Sin embargo, cuando se contrasta esta fotografía con otros indicadores relevantes para analizar el impacto de la educación superior, entonces la imagen aparece más matizada. Por efecto del avance de las nuevas tecnologías, las brechas formativas y la automatización, así como del envejecimiento demográfico, el incremento de flujos migratorios y desde luego la pandemia, las trayectorias profesionales y laborales de los egresados se observan más complejas. Por ejemplo, la tasa de desocupación juvenil en América Latina y el Caribe llegó en 2021 al 24 % y en el grupo específico de 15-24 años a casi el 46 %. Por su parte, en algunos países como México, un 79 % de los jóvenes reporta dificultad para encontrar trabajo, y, a nivel global, el 69% de los empleadores tiene problemas para cubrir vacantes.
Las respuestas a esas tendencias son múltiples y pueden estar tanto por el lado de la oferta como de la demanda —o en ambos— pero una de ellas es que la «promesa del título» ya no es automática o, al menos, no para todos ni para cualquier disciplina, institución o sector de la economía. Y probablemente una de las razones es que la estructura, orientación, calidad y duración de los programas universitarios tradicionales o la pertinencia de demandas pasan a un nivel más alto de exigencia para responder a las necesidades cambiantes de una economía más compleja y diversificada como la que se presenta ya en varios países iberoamericanos. También para contribuir a la solución de los problemas que, según Rafael Reif, el presidente saliente del MIT, son super complejos, como el cambio climático, las ciudades, la energía, la igualdad de género o las ciencias de la salud y la vida, y así producir consecuencias positivas en el crecimiento real y la mejora de las condiciones de vida de la gente.
Bajo esta perspectiva , la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) promovió la elaboración de un Informe Diagnóstico sobre la Educación Superior y la Ciencia Post Covid 19 en Iberoamérica. Se trata de un estudio que recupera la información más actualizada en la materia, incorpora una visión sobre los efectos de la pandemia, ofrece algunas respuestas de política y plantea distintas recomendaciones para enfrentar, con una mirada incluyente y representativa, los nuevos desafíos para la educación superior y la ciencia en la región.
Una mayor y mejor inversión en educación debe considerar la creación de incentivos para orientar recursos públicos y privados destinados exclusivamente a la inversión de capital en I+D+i me señala que “la crisis sanitaria y económica no hizo sino confirmar la mutación de un modelo”. Dicho con más claridad: si las instituciones de educación superior iberoamericanas quieren navegar —y, de hecho, sobrevivir— con éxito en un siglo XXI tan desafiante, la comunidad educativa entera deberá promover cambios estructurales y sistémicos profundos para insertarse y competir en la sociedad futura, que será una sociedad del conocimiento.
El informe tiene la finalidad de promover una conversación sensata y realista, innovadora y visionaria, y sus recomendaciones parten de cuatro premisas fundamentales. La primera es que el crecimiento sostenido de la economía dependerá del aumento en el valor agregado de la producción nacional y la mayor competitividad que logren los países en la generación de bienes y servicios. La segunda es que ese crecimiento impulsará y a su vez será impulsado por la transición hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación, que incorpore los avances tecnológicos para transformar la manera en que generamos riqueza, crecimiento, equidad e inclusión productiva. La tercera es que, para avanzar hacia esa economía, el desarrollo de talento será el factor crítico. Y la cuarta es que la construcción de un nuevo círculo virtuoso entre educación superior, sociedad y economía dependerá de promover una disrupción en el actual modelo educativo.
De esas recomendaciones, hay algunas que conviene destacar. La primera es trabajar en el rediseño integral del marco normativo y operativo de los sistemas de gobernanza de las universidades que faciliten un crecimiento sano y sostenible y respondan a los retos las presentes y futuros. Se dice con humor negro que, si “la sociedad tiene problemas, la universidad tiene departamentos”, entonces esta modernización debe impulsar una nueva noción de autonomía de gestión, acompañada de mayor transparencia, evaluación independiente y externa, sellos de calidad y rendición de cuentas, así como de mecanismos y procedimientos de gestión más eficientes, flexibles y ágiles para sistemas complejos.
La segunda recomendación parte de una cruda realidad: a corto plazo, los gobiernos no destinarán recursos financieros adicionales a la educación superior y a la ciencia. Entonces ¿cómo enfrentar esa limitación? El informe plantea que el diseño, la asignación y la ejecución del gasto educativo cambie su estructura basada en el crecimiento de la matrícula y del personal y en indicadores macroeconómicos, y que, en cambio, incluya un conjunto de metas y resultados que se pretendan alcanzar, acordados con las instituciones, y asociados a objetivos multianuales concretos, a partir de criterios de calidad, pertinencia, eficiencia, inclusión, equidad y alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Una mayor y mejor inversión en educación debe considerar la creación de incentivos para orientar recursos públicos y privados destinados exclusivamente a la inversión de capital en I+D+i, que se mida mediante estándares internacionales. Un nuevo modelo no será sostenible sin una reingeniería en el sistema de financiamiento público y privado de la educación superior y la ciencia.
La tercera recomendación es abordar la construcción de una nueva generación de indicadores que , incluya ahora variables como la inserción y trayectoria laboral y salarial de los egresados; la reducción de brechas de habilidades y competencias; la generación de patentes, marcas y diseños; la transferencia y aplicación de conocimiento o la soluciones de problemas concretos, variables que vayan gradualmente asociadas a nuevos incentivos y fórmulas de asignación de recursos que premien a las instituciones con mejor desempeño en esos criterios. Estos indicadores deberán consensuarse con las universidades y ser adicionales a los indicadores habituales como las tasas de acceso, permanencia, titulación y egreso del alumnado, o el factor de impacto de la investigación a partir del número de citas y publicaciones científicas.
En suma, si Iberoamérica quiere participar de manera más potente, productiva, justa, incluyente y competitiva en la economía global debe hacerlo con una estructura más sofisticada que genere bienes y servicios de mucho mayor valor agregado, contenido tecnológico y científico y capacidad de innovación. Todo ello basado en el conocimiento, en el cual la educación superior, la ciencia y las universidades —su espacio natural—, están obligados a desempeñar un papel central.
Otto Granados
Presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos.
Fuente: El Tiempo
